El Estado de Derecho, en claro peligro

El Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos humanos afirma: "Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y de recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión". Además, el Artículo 20 de la Constitución Española reconoce y protege los derechos "a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción" y a "comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión". Así al menos lo estudié en la Universidad y no creo que, de momento, haya cambiado.

Pues bien, en el día de hoy, el Partido Popular -y, por ende, el Gobierno de España- ha aprobado en el Congreso de los Diputados que se inste al Gobierno -es decir, a sí mismos- para tipificar como delito la mera difusión de información, la resistencia pasiva, la desobediencia civil, además de limitar el derecho de reunión y manifestación y endurecer el concepto de 'alteración el orden público', apoyando descaradamente la moción de Convergència i Unió en tal sentido. Pero entre la propuesta de los nacionalistas catalanes que tanto ha agradado al PP se incluye un párrafo que iguala o incluso supera todo lo anterior; atentos: "Recoger la tipificación específica de la difusión de información que tenga por objeto organizar, promover la participación o reforzar la decisión de tomar parte en acciones de alteración del orden público constitutivas de delito". Vamos, lo que traducido viene a ser que si en teoría apoyas una manifestación y así lo haces constar en internet, en la práctica podrías ser juzgado por la comisión de un delito.

Estaba claro que tras atacar vía recortes la Sanidad, la Educación y la Cultura públicas, el siguiente paso en la desmembración del Estado de Derecho español (no el del Bienestar, el de Derecho) iba a ser cercenar la libertad de expresión, y como la mayoría de los medios de comunicación convencionales están relativamente controlados a través del flujo de subvenciones y la publicidad, amén de unos dueños plegados a la Banca cuando no son la misma Banca, imagino que a por lo que van -realmente- es a por las redes sociales, auténtico motor de comunicación de esa gran mayoría en España que no puede o no quiere acceder a un diario a diario, y verdadero foco de la crítica social más corrosiva hacia el actual Gobierno de Mariano Rajoy. Se han liado la manta a la cabeza y pretenden cambiar la legislación sin cambiar antes la Constitución, y en el ambiente prerrevolucionario y convulso en el que nos están haciendo vivir -porque hace un año no vivíamos así- ello supone una nueva provocación que, sinceramente, no sé qué pretende salvo caldear aún más el ambiente y de paso justificar la campaña publicitaria que han puesto en marcha para reclutar nuevos policías, guardias civiles y soldados. Les van a hacer falta, sobre todo ahora que parte de esos cuerpos y fuerzas ya comienzan a manifestarse en las calles junto a la ciudadanía. Mientras el Gobierno no lo apruebe vía Consejo de Ministros, blogs como éste u opiniones vertidas a través de Twitter o Facebook seguirán siendo legales; después, ya veremos. Atacando la Sanidad, la Educación o la Cultura mermas el Estado del Bienestar; atacando la libertad de expresión y el derecho a la información destruyes una de las bases fundamentales del Estado de Derecho.

Sólo recordaré, para finalizar, que esta moción se ha aprobado con el Congreso de los Diputados blindado por la Policía Nacional y acordonado por un vallado de seguridad. Tienen miedo. Y el miedo se huele. Igual que la sangre.