Más de un mes sin escribir. Demasiada rabia contenida en ese lapso. Y hoy, para colmo, nos enteramos por 'Público' que el Gobierno del PP dio orden a la Guardia Civil el pasado mes de abril para que le informara con una semana de antelación de cualquier operativo que incluyera investigaciones y detenciones de políticos y registros de sedes oficiales e inmuebles, según reza en una Circular interna de la Benemérita. La denuncia parte de una diputada de Coalición Canaria en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados, por lo que le concedo un alto grado de fiabilidad a tenor de la documentación aportada (la propia Circular). Se trata de una táctica cuasimafiosa que, de inicio, presupone medidas discriminatorias para la clase política, pervierte gravemente las diligencias e instrucción de los casos y, sobre todo, obstaculiza de un modo objetivo la acción de la Justicia, al poner -de forma presunta- anticipadamente en conocimiento de los presuntos delincuentes los registros legales y las detenciones.
Desde abril. Casi nueve meses. Más de treinta semanas en las que se puede haber estado filtrando sistemáticamente dicha información desde los investigadores directamente a los delincuentes. No alucino porque mi capacidad de sorpresa ya es casi nula tras cuatro décadas en este mundo, y más concretamente en mi mundo: la Comunidad Valenciana (aquí se han dejado prescribir cuatro de los cinco delitos fiscales de los que se acusaba a Carlos Fabra... bueno, qué digo, aquí se ha absuelto a Francisco Camps!). Pero retomo el hilo de la noticia. Una treintena de semanas en las que los responsables de las investigaciones han debido informar directamente y por escrito al Director Adjunto de Operaciones, el teniente general Cándido Cardiel -en la foto-, acerca de dichos operativos. Las preguntas se me agolpan en la mente y todas son de cajón: ¿Me puede explicar alguien por qué y para qué disponía de dicha información el segundo al mando en el escalafón de la Guardia Civil? Es más, ¿a qué iluminado de qué despacho ministerial se le ocurrió ordenar saltarse a la torera el concepto constitucional de 'todos iguales ante la Ley' y, evidentemente, con qué interesado objetivo? Porque esto no se le ha ocurrido a Cardiel ni al Director de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, esto viene impuesto desde arriba, y alguien de arriba debería responder por ello de inmediato. Y en menos de una semana.
A todo esto, me pregunto también qué pensarán al respecto los fiscales y jueces que durante estos casi nueve meses llenos de sus semanas fantásticas han visto cómo sus casos de corrupción contra cargos públicos o políticos en general decaían por falta de pruebas o fallos en la instrucción del proceso... y espero ansioso a saber su opinión. Porque de disponer de la información sobre investigaciones a directamente ordenar a quién hay que investigar y detener no hay más que un paso muy peligroso y muy antidemocrático.
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